Conclusiones del Debate ciudadano sobre la Ordenanza de ocupación de la vía pública de Palma

El artículo 86.14 de la nueva ordenanza municipal de ocupación de la vía pública de Palma reza:
«A efectos de asegurar el libre y pacífico uso común general de la vía y de los espacios libres públicos o de uso público y proteger el mobiliario urbano, queda prohibido obstaculizar la vía pública con materiales, juegos, aglomeraciones o actividades». 

A su vez, desde hace ya diez años, Palma forma parte de la red internacional de Ciudades Educadoras, que aboga, entre otras cosas, por la formación, promoción y desarrollo de todos sus habitantes, potenciando especialmente las enseñanzas transversales, las actividades de conocimiento de la ciudad desde diferentes perspectivas y la educación en valores, así como otro tipo de acciones que pretenden entroncar la divulgación artística con la científica.

Es este tipo de contradicciones el que hace que ahora nos planteemos seriamente qué tipo de ciudad pretenden nuestros gobernantes, si por un lado mezclan los conceptos de libertad y prohibición y, por otro, se integran en programas que pugnan por la creatividad como herramienta de desarrollo urbano.

Hace unos días, Irene San Gil, regidora de Función Pública y Contratación del Ayuntamiento de Palma, aseguraba que el consistorio  «no quiere prohibir que los niños jueguen en la calle, pero si hay una pandilla chutando el balón en la Plaza Mayor, hay que poder echarlos» y justificaba la nueva ordenanza alegando que «lo que se busca es una herramienta para pautar el trabajo de la policía local». Lo cierto, sin embargo, es que la normativa en proceso de aprobación supone un recorte de derechos de la ciudadanía, una forma de coartar las libertades de la población que son las que, precisamente, moldean nuestras ciudades a modo de territorios vitales, humanizados y activos. En el modelo urbano que nos proponen impera el miedo, la imposición de movimientos encorsetados, la creación de escenarios perfectos -y rentables- de parque de atracciones. Las terrazas, las calles impolutas y los niños que se relacionan a través de redes sociales… 

En incontables ocasiones, hemos defendido el papel de las urbes como contenedores de relaciones humanas: esos lugares donde es posible, todavía, que un grupo de abuelas se reúnan en el portal de su casa para hacer ganchillo y arreglar el mundo a su manera. Pero hemos llegado a un punto -afortunadamente, con retorno- en que resulta difícil precisar si una sesión de yoga en el Parque del Mar puede considerarse una performance (y por ello es susceptible de ser sancionado) o si la situación de un banco público deja de serlo por encontrarse dentro de los límites de cualquier terraza comercial. 

Tal y como afirmaba Marisol Fernández, miembro de la oposición, durante el debate ciudadano celebrado esta tarde en Palma, «no hay ninguna necesidad de ordenar algo que no causa conflicto». Pensamos que la diversidad actual de las ciudades, evidente e ineludible, no debería ser objeto de regulación, sino ser asumida como potencial para la evolución física y social del territorio. La educación, el conocimiento, el intercambio y esa misma heterogeneidad serán, paradógicamente, los que proporcionen ese «orden desordenado» que devolverá a la ciudad y a sus ciudadanos el carácter humano que motivó su aparición. El civismo y nuestra capacidad de avance colectivo harán el resto.







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